El borrón del Código Penal

Ene 16, 2018

Gobernar obedeciendo al pueblo era más o menos esto, pero antes, y sobre todo no después de que tu Vicepresidente insultara a todos los votantes que resultarán decisivos en 2019. El presidente Evo Morales ha desdicho toda la estrategia de Álvaro García Linera, que ni corto ni perezoso el viernes llamaba a la confrontación callejera con quienes criticaban y pedían la abrogación del Código Penal y el domingo se despachaba a gusto y por escrito llamando satélites apolíticos, desclasados y racistas a toda la clase media de este país por el simple hecho de cuestionar el procedimiento de elaboración y aprobación del Código Penal.

El presidente Evo Morales ha ordenado meter en la heladera el Código Penal por un año, y en ese tiempo establecer todas las conversaciones con los sectores que tengan reclamos para encontrar soluciones. En definitiva, el presidente Evo Morales ha decidido anteponer la política a la necesidad de actualizar una normativa punitiva que, dicho sea de paso, se incumple con flagrante normalidad e impunidad.
En la práctica, el Movimiento Al Socialismo se anota una derrota que le puede pasar factura al presidente del Senado Alberto Gonzáles y a su homóloga de Diputados, Gabriela Montaño a la hora de revalidar sus cargos esta semana; aunque conociendo la trayectoria del presidente, probablemente sean ratificados en sus cargos para “no dar que hablar”.
También en la práctica, todos aquellos que se opusieron al Código Penal tratarán ahora de capitalizar la teórica victoria que supone haberle hecho al Gobierno cambiar de opinión en un asunto tan sensible, y no van a faltar, por supuesto, los que creen haber encontrado el agujero de la fuga de agua por la que pueden hundir al Gobierno y que, por tanto, se mantengan empeñados en paros y rechazos exigiendo la abrogación total e inmediata.
Es verdad que este retroceso del Gobierno tiene similitudes con lo que pasó con el “gasolinazo” de 2010 y que de alguna manera empezó la deriva del MAS hacia la autosatisfacción. Medidas que pensaron entre ellos, que consultaron con los suyos sin que nadie les dijera que no, y que a la hora de hacerlas públicas movilizaron el rechazo focalizado en una serie de puntos comunes y conectados con el sentir de la calle. El gasolinazo y el Código Penal también comparten padre político: Álvaro García Linera defendió visceralmente ambas normativas para acabar negado por el presidente Evo Morales, quien decidió en última instancia no correr riesgos.
El Código Penal, que casi nadie ha leído íntegramente, supone un significante vacío en el que cualquier sector descontento puede meter sus frustraciones; es cierto. Esta condición es la que le ha dado posibilidades de éxito a las movilizaciones, mezclándose con el pedido de respeto a la Constitución y a los resultados del 21F en referencia a la sentencia que, supuestamente, habilita a Evo Morales para las elecciones de 2019 luego de la reescritura por parte del Tribunal de los artículos sobre la limitación de mandatos.
El Código Penal y su articulado es, más allá de los preámbulos rimbombantes que hacen referencia a la Justicia restauradora y el resto de principios cristianos izquierdistas sobre la reinserción, la vida y el perdón, un instrumento que limita la movilización y la libre expresión como eje vertebral inspirador, que impregna varios artículos. Esto es, en esencia, mucho más peligroso que los artículos cuya derogación si ha permitido el Gobierno y que tienen que ver con la responsabilidad profesional de los médicos y los transportistas.
El debate en el MAS es el de siempre: firmeza contra sensibilidad. Debilidad contra soberbia. En la práctica el Código quedará subsumido por una nebulosa de la que veremos quién se acuerda en año electoral. Mientras tanto, todos los tarijeños y bolivianos seguiremos padeciendo un sistema redactado específicamente para ser correoso y difícil, cuando no corrupto. Todo porque algunos cuantos, temerosos de la verdad, decidieron imponer su criterio opresor.