Zapata - CAMC y el litio boliviano, el trasfondo del referéndum

Escrito por  Ricardo Javier Escobar/RAFAEL SAGÁRNAGA/EL PAÍS EN Feb 15, 2016

¿Qué tiene que ver el escándalo de presunto tráfico de influencias a favor de la empresa china CAMC, que afectó al presidente Evo Morales los diez días pasados, con el litio boliviano? ¿Es un ataque del “imperio” norteamericano, que también está detrás de la revelación sobre la formación académica del vicepresidente Álvaro García Linera, de quien se asegura que no concluyó estudios de matemáticas ni de sociología?

El analista argentino Atilio Borón, en una nota titulada “El No nace en Washington”, alertó que el escándalo Evo –CAMC- Zapata es parte de una conspiración de Estados Unidos contra Evo Morales porque busca controlar las reservas de lito boliviano acumulado en varios reservorios del altiplano, especialmente Uyuni. Estas reservas constituyen más del 50% de las conocidas en el mundo.
“…entre las decenas de agentes estadunidenses que llegaron a Bolivia en los últimos años están Alton Eugene Dawsey, Gregory Reynolds Alston, Richmond Paul Blake, Alejandro Lee Johnson, Donald Loren Frerichs y GeofreyFrederichSchadrak. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en La Paz utiliza personajes que, bajo la fachada de hombres de negocios, desarrollan labores de inteligencia para la CIA y la DEA. Tal es el caso de los operadores David Wayne Paiz y Bert Davi Castorino. No son los únicos; a ellos se suman agentes de la inteligencia política y militar, muchos de ellos especializados en la lucha contra el narcotráfico, pero que en Bolivia tienen el objetivo de desprestigiar políticamente a Evo Morales y sus colaboradores. Entre este último grupo, que han ingresado al país con un visado de turismo, hemos podido identificar a Salvador Leyva y Edgar Fernando Fritz”, precisa Borón.
Y añade que “la utilización de la memoria de un niño muerto, de otro en su acto de bautizo y de la ex pareja de Evo Morales para poner en duda la moral del presidente ha sido uno de sus golpes más bajos y arteros, en el típico estilo de las campañas subversivas estadounidenses”.
El 13 de julio de 2015 el Gobierno firmó contrato con la empresa china CAMC por 1.239 millones de bolivianos (178 millones de dólares, íntegramente financiados por el Estado boliviano) para la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio, ubicada en el municipio de Uyuni, departamento de Potosí. En la oportunidad, el presidente Evo Morales declaró que “en Potosí tenemos la reserva de litio más grande del mundo, estaba parado, pero ahora estamos iniciando su industrialización”. Un mes más tarde Morales precisó que hasta 2018 se realizará una inversión cercana a los 900 millones de dólares para industrializar el litio del Salar de Uyuni.
Ya en marzo de 2014, el Gobierno boliviano contrató también a la empresa china LinyiDake para que instale la fábrica piloto de baterías ion litio en La Palca. Y desde hace meses se halla pendiente el anuncio sobre la elección de la empresa que implementará la fábrica industrial de los mentados acumuladores de energía que agitan al mundo. Ha trascendido que en la pugna se hallan especialmente empresas chinas.
Los hechos anteriores y las revelaciones de Borón obligan a poner atención seria al nexo entre CAMC, el litio y la campaña contra el presidente Evo Morales, dado que su gobierno ha dado pasos concretos y decisivos para la explotación del litio y otras sales en Uyuni, bajo control del Estado boliviano y al margen de empresas y tecnología de Estados Unidos y buena parte de sus aliados.
Quedaron al margen interesados estadounidenses, franceses, japoneses y coreanos, aunque entre los accionistas de todos ellos siempre, invariablemente, se encontraban empresas de EEUU.  El 10 de junio del pasado año, en Bruselas, Evo Morales declaró: “Ningún país ha cooperado, buscábamos socios. Ha habido chantajes de Japón, de Corea de Sur, algunas empresas de Francia”. Hizo esas declaraciones a la cadena oficial alemana Deutsche Welle. Poco después dio la bienvenida a la única empresa no china que trabaja en el salar: la alemana K-UTEC. Por lo demás se sabe de duros pleitos con la coreana Cores – Posco y con la japonesa Sumitomo afincada en las proximidades del Uyuni en un mega proyecto argentífero desde hace una década.   
“En los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentra el 80 por ciento de las reservas probadas del elemento químico que anima la movilidad de los dispositivos eléctricos en todo el mundo: el litio. Un teléfono celular, una notebook, una tablet, funcionan gracias a la acumulación energética de las baterías Ion-litio; y sin ellas un satélite no entraría en órbita o una nave espacial no sobreviviría. Naturalmente, millones de autos quemando combustible fósil alrededor del planeta podrían ser reemplazados por vehículos eléctricos o híbridos, un rubro que pasará de 500 mil vehículos en el año 2009 a 7 millones en 2020. La diferencia de precio entre la materia prima pura y la batería es significativa: una tonelada de carbonato de litio cuesta alrededor de 6.000 dólares mientras que una batería de auto, que utiliza alrededor de 10 Kg, entre 10.000 y 20.000 dólares”, dice Bruno Fornillo en el libro Geopolítica del Litio Industria, Ciencia y Energía en Argentina.
El escenario se ha precipitado entre 2014 y 2015 tras los anuncios e inicios de proyectos de la empresa estadounidense Tesla Motors decidida a masificar mundialmente el uso de los vehículos eléctricos. Tesla Motors se halla construyendo megaplantas de fabricación de baterías Ion Litio, mientras trasciende que se trabajan acuerdos para la expansión de la matriz de energía eléctrica de EEUU.    
Ese es el escenario bajo el cual estalló el escándalo novelesco sobre el presunto tráfico de influencias precisamente a favor de CAMC, vinculándola al presidente Morales por la presencia de su ex pareja como gerente comercial de la empresa china, con ingredientes de tipo familiar, justo antes del referéndum del 21 de febrero próximo, en el que se definirá si Morales podrá o no ser candidato a presidente en las elecciones generales del próximo año 2019, tiene la fuerza de modificar la intención de voto del electorado boliviano que, en el corto plazo, afectaría la continuidad de la industrialización del litio y las inversiones programadas para ello.
Sin embargo, pese a esa constatación, Morales no encontró aliados decididos al interior del país para defenderse del ataque. En concreto, aparte de sus ministros y operadores políticos y del mismo Morales, las respuestas fueron difusas y poco claras y hasta contradictorias, todas ellas a la defensiva. El resto de la ciudadanía, incluidos vastos sectores de sus propios seguidores, aún hoy se encuentran apabullados por las evidencias, la virulencia de la estocada mediática y las contradictorias respuestas.

El precedente de Santos Ramírez
No sería la primera vez que coinciden grandes escándalos con la concreción de proyectos que afectan intereses extra nacionales. El escándalo de tráfico de influencias que afectó a Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), vinculado a la construcción de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, tuvo también ingredientes familiares, de mujer embarazada, contratos dudosos y hasta hechos de sangre que costaron la vida de un profesional tarijeño. El proyecto serviría para impedir que el gas que se exportaba a Brasil siga llevando agregados y gratuitamente valiosos componentes licuables que podrían ser convertidos en gasolina y otros combustibles.   
La construcción de esa Planta era estratégica e indispensable para Bolivia pero afectaba multimillonarios intereses afincados en Sao Paulo, Brasil. Pero Santos Ramírez, al parecer sorprendido por el descubrimiento de manejos turbios en un asunto estratégico, se concentró en intentar justificarlos o negarlos. La construcción de la planta se demoró más de cuatro años, tiempo en el cual el gas boliviano siguió fluyendo rico en licuables hacia Brasil y la petroquímica asentada allí gracias a ese energético casi regalado.
La historia parece repetirse ahora. Como advierte Borón, y como se conoce la composición  actual de la oposición política boliviana, desorganizada, desarticulada y sin iniciativas propias, es difícil creer que la articulación de la campaña mediática desprendida de la denuncia de Carlos Valverde que vinculó a CAMC con Zapata y Morales en un supuesto tráfico de influencias en millonarios contratos, haya sido concebida y desarrollada por esos actores. Proviene de afuera.
¿A quiénes afecta que Bolivia mantenga el control soberano de la explotación e industrialización del litio? La respuesta a esta pregunta puede válidamente vincular a quienes están detrás del ataque a Morales, lo cual no quiere decir que éste no haya dado motivos para ello.
¿Al margen de la decisión de industrializar el litio de la mano de empresas chinas, hay o hubo esa suerte de tráfico de influencias y operadores del mismo? Morales lo niega tajantemente. Afirma no saber siquiera el significado de esa acción.

Las contradicciones gubernamentales
Sin embargo, así como el perfil de un complejo operativo de inteligencia pro transnacional aparece desde fuera del esquema gubernamental, otros, más sutiles, se manifiestan internamente en el escenario de la planificación, la economía y las finanzas. Suma, por ejemplo, la persistencia en aprobarse leyes en las que se autoriza al Tesoro del Estado y al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a prestar el ahorro interno boliviano a países como Estados Unidos, Europa y Asia (Japón, Corea), bajo los mismos mecanismos utilizados por el Banco Central de Bolivia para prestar las reservas de divisas, generando intereses de entre el 0,50 y 0,8% anual, en tanto que el mismo Ministerio de Economía se presta de bolsas extranjeras 1.000 millones de dólares a tasas de entre 4.75 y 6% anual.
La última Ley de Incentivos a la Producción de Hidrocarburos Líquidos (condensados y petróleo), que entró en vigencia en enero de 2016, dispone en su artículo 13-II que los recursos retenidos  del 12% del impuesto a los hidrocarburos que perciben Gobernaciones, Gobiernos municipales y Universidades, que se acumulan desde el 1 de enero de 2016 en una cuenta del Banco Central de Bolivia,  podrán ser prestados a países y empresas extranjeras, “mediante instrumentos financieros, siguiendo los lineamientos establecidos para la administración e inversión de las Reservas Internacionales, garantizando la liquidez” para el pago del incentivo a las petroleras.
¿Quiénes son los beneficiarios de esa retención del 12%, además de las petroleras como Repsol, Petrobras, BG, y otras? El poder financiero transnacional, ése que es la expresión del mismísimo imperio del que el presidente Morales afirma provienen los ataques políticos a días del referendo y el que, con mucha probabilidad, también aprovechando de sus “debilidades”, puso tras las rejas a Santos Ramírez y a Julia Ramos, entre otros exponentes de lucha política del MAS.
En el escándalo CAMC vale la pena advertir que no sólo firmó ese contrato para construir la Planta de Sales de Potasio, sino que la benefició con contratos de obras civiles viales y hasta la conclusión de la represa de Misicuni, obras que podían estar en manos de empresarios bolivianos, si hubiese puesto en práctica una política estatal de fortalecimiento del sector privado productivo y de servicios boliviano, en vez de debilitarlo patrimonialmente con medidas que, virtualmente, amenazan con hacerlo desaparecer.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, filial Tarija, advirtió y reveló hace pocos meses la deliberada decisión del gobierno de Morales de contratar empresas extranjeras para obras y servicios que las empresas bolivianas están en perfecta posibilidad de ejecutarlas. Adicionalmente, propuso medidas concretas para revertir esta tendencia y situación, que derivó en el hecho en que en menos de dos años el Gobierno boliviano haya entregado contratos por más de 4.000 millones de dólares a empresas extranjeras. La propuesta, presentada a instancias gubernamentales, según fuentes de esa entidad, hasta ahora no ha merecido respuesta alguna.
A contramano, el Gobierno ha seguido contratando por invitaciones directas a empresas extranjeras para obras civiles y de infraestructura en Bolivia, desplazando a empresas bolivianas.
Para encontrar a los operadores criollos habría que responder la pregunta final: ¿quiénes redactan esas leyes tan generosas aprobadas acríticamente por la Asamblea Legislativa, abrumadoramente controlada por el mismo MAS?

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