YPFB y la marcha atrás

Escrito por  Jesús Cantín/La Mano del Moto Jun 18, 2017

Quizá el ex presidente Carlos Villegas se esté retorciendo allí donde esté por su última apuesta fallida. Lo de Guillermo Achá, el jovencísimo y flamante presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos desde febrero de 2015 por recomendación expresa del fallecido no ha salido como esperaba.

O quizá sí, pero ha perdido la partida política ante otros sectores.
Achá nunca dio la sensación de tener un plan para YPFB, más al contrario, desde su asunción el Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez ha ido ganando peso en la portavocía del sector, antes casi exclusividad de Villegas. Con la destitución de Achá y el nombramiento de Óscar Barriga, un hombre de su confianza, logra ponerse en la cúspide de la estructura petrolera cerrando el círculo que inició con los cambios en la ANH o YPFB Andina entre otros. La estructura fue sacramentada por el presidente Evo Morales, que recomendó explícitamente a Barriga ponerse a las órdenes del Ministro. Algo impensable en los tiempos de Villegas.
Achá salió rana, cayó por el lado de la corrupción, la más obvia. Una arista sobre la que no hizo nada durante sus dos años y medio de gestión. La falta de transparencia, la opacidad total de la estatal petrolera ha jugado esta vez en su contra y no será porque no se le haya recomendado. El Ministro de la nacionalización, Andrés Soliz Rada, se lo recomendó en primera persona poco antes de morir.
El asunto de la caída es especialmente doloroso para el papel de YPFB y para que se logre ejecutar lo que la Constitución le encomienda: liderar la cadena de Hidrocarburos. En 2016 la estatal petrolera tenía 4.800 procesos de licitación en marcha y de todos, el foco se ha puesto sobre la compra de los tres taladros para YPFB, tecnología necesaria para dejar de depender de las “prestadoras de servicios” que, hoy por hoy, no son otra cosa que las mismas transnacionales de siempre.
El proceso, de unos 150 millones de dólares, adjudicado a una empresa italiana, Drillmec, fue puesta en el foco por tres agentes bien distintos. Óscar Ortiz, el senador de oposición más activo y representante clásico del liberalismo, fue de los primeros en denunciar las irregularidades en el proceso de adjudicación. Con extrañeza, La Razón, editorialmente próxima a la Vicepresidencia, agarró el tema con fuerza y decisión, averiguando y aireando todos los detalles del tema. Exclusiva tras exclusiva fue acercando cada vez más el tema al entorno del presidente Guillermo Achá. El tercero ha sido el ex gobernador de Cochabamba Edmundo Novillo, ahora al frente de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos y más cercano a Evo Morales que decidió no hacer la vista gorda y remitir al Ministerio Público todos los antecedentes.
Guillermo Achá, el joven cruceño bien educado que parecía recién salido de Oxford y que tenía por misión, o eso decía, modernizar la estatal petrolera, ha acabado dándole un golpe mortal a las ambiciones más soberanistas sobre la gestión de la cadena de hidrocarburos. YPFB seguirá, once años después del Decreto de Nacionalización, sin tecnología necesaria para actuar por cuenta propia. Y peor, el presidente Evo Morales encomendó revisar todas las licitaciones, todas.
Desde el mes de marzo está disponible en la página web el informe de recomendación de contratación para la construcción de la planta petroquímica de Yacuiba. En ella se recomienda la contratación del consorcio conformado por Tecnimont y Técnicas Reunidas. La primera ha hecho los informes previos, la segunda ha construido la planta separadora que alimentará la futura petroquímica. Las denuncias por sospechosa adjudicación no tardaron en llegar.
Hoy ya nadie pone las manos en el fuego por la recomendación de adjudicación del proyecto de industrialización más ambicioso que Bolivia pretendía abordar. Un proyecto liberador y soberanista pero cada vez más frágil ante la incapacidad de encontrar nuevas reservas de gas en el país que garanticen su sostenibilidad. Han pasado 14 meses desde que se lanzó la licitación y todo apunta a que habrá que empezar de nuevo. El modus operandi recuerda demasiado a lo que se vivió con el escándalo Catler, que costó la cárcel a Santos Ramírez, demoras en la construcción de la planta de Río Grande pero sobre todo, en la planta del Gran Chaco, que no vio la luz hasta 2014 y que hoy es también objeto de controversia.

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Luis Alberto Sánchez está ahora al frente de todo. Así lo ha dejado establecido el presidente Evo Morales. Suyos serán los éxitos o fracasos en el caso de que los proyectos petroquímicos se conviertan en elefantes blancos de tanto esperar que se ejecuten. Suyo será el éxito o fracaso de lograr el incremento de reservas, sin certificar desde 2014, que permitan a Bolivia hacer planes de futuro. De momento Bolivia sigue sin taladros, sin reservas, sin contratos y sin plantas de industrialización y la nacionalización suena ya a una historia muy muy lejana.