Cientos de miles de niños siguen trabajando en Bolivia

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN Oct 22, 2017

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el INE en 2012, un total de 391.747 niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años participaban en algún tipo de actividad económica; de ellos poco más de la cuarta parte eran niños y niñas entre 7 y 12 años y el resto adolescentes mayores de 12 años.

Estos mismos datos muestran que los niños y niñas se desempeñaban principalmente como trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares o aprendices no remunerados, u obreros o empleados; y se encontraban insertos en actividades agropecuarias, el comercio, la industria manufacturera y la construcción, principalmente.
Más o menos en la misma época, un informe de la Defensoría del Pueblo advertía que en Bolivia hay 850.000 niños y adolescentes trabajadores, de los cuales el 87 % desempeña oficios considerados peligrosos y un 77 % no es remunerado porque trabaja ayudando a su familia.
Lamentablemente, no existe en Bolivia información más actualizada sobre la dimensión y las características del trabajo infantil y adolescente, una falencia importante en un contexto donde hace poco más de tres años se promulgó la Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente, que básicamente legaliza que los niños trabajen a partir de los 10 años.
El citado Código, en su artículo 129 “fija como edad mínima para trabajar los 14 años de edad”, sin embargo autoriza de manera excepcional “la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta aje-na de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años [...]”.
Además, el artículo 136 que prohíbe las actividades laborales y trabajos considerados como peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad (entre ellos la pesca en ríos y lagos, el trabajo en actividades agrícolas, la cría de ganado mayor y la albañilería), son permitidos cuando se desarrollan en el ámbito familiar o social comunitario, ya que, argumentan, tendrían una naturaleza formativa y cumplirían la función de socialización y aprendizaje.

Trabajo infantil: ¿derecho o violación de derechos?
El gobierno de Evo Morales justificó la aprobación del Código argumentando que los niños tienen también derecho a trabajar por la pobreza en la que ellos y/o sus familias viven. Además de esto, el gobierno también argumentó razones “culturales”.
Esta fue también la postura de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), un sindicato de niños trabajadores que cuenta con unos 15.000 miembros, y que demandó abiertamente la legalización y regulación del trabajo infantil en Bolivia.
Por otra parte, los críticos de esta legislación consideran que ésta incumple los convenios internacionales y que vulnera los derechos a la salud, a la educación, a la recreación y al desarrollo pleno e integral de los niños.
La violación de normas internacionales ratificadas por el propio gobierno boliviano incluye el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
También se estaría violando la Constitución Política del Estado, que en su artículo 13, parágrafo IV señala que “los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. Además, los artículos 60 y 61 establecen la necesidad de velar por el interés superior de la niña, niño y adolescente, así como la prohibición del trabajo forzado y la explotación infantil.
Esas algunas discusiones de una compleja disyuntiva entre seguir prohibiendo el trabajo infantil o regularlo.
El gobierno de Morales optó por tolerar ciertas formas de trabajo infantil como forma de “mal menor”, como alternativa a prohibirlo completamente porque esto, afirman, podría dar cabida al trabajo infantil clandestino, que la no ser regulado pone en mayor riesgo y vulnerabilidad a los niños trabajadores.

La trampa del
trabajo infantil
Más allá de los debates legales y de derechos, investigaciones concretas han demostrado que el trabajo infantil tiene un fuerte impacto negativo en el nivel de ingresos futuro de quienes lo llevan a cabo, pues no permite dedicar suficientes horas al estudio y crea un ciclo vicioso de pobreza.
Un ejemplo de estos estudios es el de Christopher Udry de la Universidad de Yale (EEUU), del año 2003, que encontró que la pobreza y el trabajo infantil “se refuerzan mutuamente”.
Otros estudios más nuevos, como el de Patrick Emerson de la Universidad de Oregon (EEUU) y de André Portela Souza de la São Paulo School of Economics (Fundação Getulio Vargas), del año 2007, coinciden con estos hallazgos y describen al fenómeno como la “trampa del trabajo infantil”.
Esta problemática tiene efectos tanto a nivel individual o familiar como colectivo, pues compromete la acumulación de habilidades en la población y con ello el desarrollo económico de todo el país. Además, la investigación apunta a que el trabajo infantil acrecienta las desigualdades de género, pues son las niñas las que tienden a asumir un mayor volumen de responsabilidades, tanto dentro como fuera del hogar.
Hasta el momento, la falta de información no permite evaluar cómo está avanzando esta problemática en Bolivia.

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