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El proceso judicial contra Cossío cumplirá seis años

Escrito por  Oct 03, 2014

El proceso judicial que derivó en la suspensión del gobernador tarijeño Mario Adel Cossío Cortez, el denominado caso Imbolsur, cumplirá este 17 de octubre seis años sin tener una sentencia.

El Ministerio Público demoró cerca de dos años en las investigaciones para luego presentar imputación y después acusación. Luego se conformó un Tribunal de Sentencia que después fue disuelto porque los jueces ciudadanos  fueron recusados en el proceso y presentaron problemas de salud. Tras esa situación el juicio no ha sido retomado y el caso ha “paseado” por el Tribunal de Cercado, Entre Ríos y Villa Montes, donde actualmente está el proceso. Todavía conformar el tribunal con jueces ciudadanos.
El principal imputado es Cossío Cortez, el ex director Ejecutivo de la Prefectura, Alejandro Rodas Rojas, ambos por supuesto incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y daño al Estado por la suma de 1.339.100 bolivianos. También está incluido Félix Edgar Cardoso, por el supuesto delito de incumplimiento de contrato. El caso Imbolsur I refiere al supuesto incumplimiento de la empresa, con el abastecimiento de 2.900 toneladas de cemento asfáltico para la construcción del tramo vial Puerta El Chaco- Canaletas.
Según los abogados defensores de los implicados en el proceso Imbolsur, por los años transcurridos el caso debe quedar sin efecto y debe ser cerrado. Atribuyen el retraso a los jueces y fiscales que llevaron hasta ahora el caso.
El abogado Jorge Finny, quien patrocina la defensa de la autoridad suspendida, indicó que el caso debió prescribir. Explicó que el tiempo máximo de investigación es de tres años y a la fecha el proceso tiene más de seis años. Considera que el factor político está primando más que el respeto a las leyes del país.
“Desde el inicio de la investigación y hasta la culminación del proceso,  el caso no debe pasar los tres años y de ser así debe cerrarse. Desde la gestión 2008 hasta el presente año consideramos que hubo una exageración y lo peor de todo sin ningún fallo—indicó Finny--. Este es un juicio político y no dará curso por duración máxima del proceso, consideramos que existe una dictadura política y judicial al no querer resolver este proceso”.

¿Quién tiene la culpa?
La abogada Gina Castellanos, defensa de un coimputado dentro del caso Imbolsur, considera que el retraso se debe a las acciones dilatorias de la Fiscalía de Distrito, especialmente los dos primeros años. “La demora es exclusiva y únicamente del Ministerio Público—dijo Castellanos--. ¿Por qué todo esto? Porque se demoraron en presentar la acusación, cuando deberían haberlo realizado en seis meses”.
El caso Imbolsur tuvo que pasar por distintos tribunales y juzgados, uno de ellos fue el Tribunal Segundo de Sentencia, luego pasó al Tribunal Primero donde se logró instalar el juicio. Después terminó siendo llevado a Entre Ríos y de ahí a un tribunal mixto de Villa Montes.
“Es un caso que debe caer por sí solo. Existen diferentes situaciones que se presentaron durante todo este tiempo y hasta ahora no se puede conformar un Tribunal—añadió--. Incluso la misma gente tiene miedo y ante ello qué se puede hacer. Aquí existen varias personas procesadas, y una persona no puede ser juzgada toda la vida y pareciera que en el país siempre pasa esto con este y muchos casos más”.

observaciones sobre los
miembros del  
tribunal

 El abogado del principal imputado, el gobernador suspendido Mario Cossío Cortez, Jorge Finny, presentó una recusa contra los dos miembros del tribunal de sentencia, con el fin de sanear la recusa presentada con anterioridad, sin embargo, la misma fue rechazada “in limine” (por defectos formales).
La recusa presentada por el abogado de Cossío pedía que los jueces técnicos sean separados del caso, pues uno sería pariente del ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, mientras que la otra, al conocer que su homólogo era pariente de Sosa, debía haber advertido y dar prioridad a sus procesos de Yacuiba y no al caso Imbolsur I que juzga a la autoridad suspendida.

JOSUE HEBER ACEBEY C./EL PAÍS eN

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