El PGE 2018: Más deuda, bonos soberanos y préstamos al “imperio”

Escrito por  ALEJANDRO ZEGADA/EL PAÍS eN Dic 04, 2017

Recientemente se remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley Financial 2018 (llamada también ley del Presupuesto General del Estado, PGE), para su aprobación. En el proyecto se ve un aumento del presupuesto, de la inversión pública, de la deuda. Y se repiten antiguas y cuestionables prácticas.

El proyecto busca la aprobación de un presupuesto agregado de Bs. 284.436.757.128 (equivalente a 40.867.350.162 dólares), y un consolidado de Bs. 214.649.608.533 (30.840.460.996 dólares). Esto implica un incremento del 3,5% en el agregado y 2% en el consolidado, respecto al presupuesto aprobado del 2017.
De estos totales, “el presupuesto programado de inversión estatal para la gestión 2018, incluyendo a las empresas con participación mayoritaria del Estado, alcanza un total de 7.285 millones de dólares, de los cuales la inversión pública registrada en el PGE asciende a 6.210 millones de dólares”, detalla el proyecto de Ley.
Los 6.210 millones de dólares para inversión pública significan un aumento del 0,34% respecto a lo programado en 2017. Según analistas como Alberto Bonadona, este aumento de inversión pública busca “frenar la desaceleración económica que es evidente en la economía nacional”.
Asimismo, el proyecto de PGE 2018 eleva la deuda externa del 24% actual al 30% del total del Producto Interno Bruto (PIB), y además faculta al Estado para volver a emitir bonos soberanos por mil millones de dólares.

Deuda pública externa
Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), al 31 de octubre de 2017, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanza los 8.906 millones de dólares, lo que representa el 24,2% del PIB, “muy por debajo del límite internacional de 50%” definido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Con esto, la deuda ya se encuentra por encima incluso de la deuda acumulada hasta 2005, previa a la condonación, cuando ésta era de 4.942 millones de dólares. Claro que en proporción, la deuda en 2005 era de más del 60% del PIB, mientras que este año no llega al 25% porque para 2017 se estima que el PIB llegará a 36.839 millones de dólares.
Según el presidente del BCB, Pablo Ramos, esta deuda fue destinada a infraestructura vial en un 41,6%, en salud 12,5%, para uso multisectorial el 8,9%, a saneamiento básico 6,7%, fortalecimiento institucional 6,4%. El sector agropecuario sólo recibió el 3,6%. Energía recibió el 3,4% de los recursos, comunicaciones el 2,3%, hidrocarburos 0,9%, educación 0,6% y otros 13,3%.
Los desembolsos a la fecha alcanzaron los 1.824,8 millones de dólares. La amortización de capital alcanzó a 257,6 millones, los intereses y las comisiones sumaron 219,2 millones, con total de servicio de la deuda de 476.8 millones de dólares.
A esto deberá sumarse lo que tiene proyectado el PGE 2018, de aumentar la deuda hasta alcanzar el 30% del PIB. Todavía debajo del límite del 50%, pero acercándose. Los expertos consideran que la deuda todavía está en niveles manejables, pero piden responsabilidad y transparencia.
En este sentido, la Fundación Jubileo ha observado que “además de velar por la sostenibilidad futura, es importante considerar la responsabilidad en el endeudamiento, en aspectos como las condicionalidades, es decir, la imposición del acreedor para trabajar con empresas de su país y la negociación para seleccionar las mejores empresas para nuestros objetivos y beneficio”.
Relacionado con esto está la anunciada contratación de nueva deuda con China, bajo una especie de programa marco, por un total de hasta 7.500 millones de dólares (lo que casi duplicaría el nivel actual de deuda). Aun no se sabe en qué estado está este trámite, ni las condicionalidades a las que estará sujeta esta nueva deuda.
Bonos soberanos, otra vez
La emisión de bonos soberanos es otra manera de contraer deuda. En el proyecto del PGE 2018 nuevamente “Se autoriza al Ministerio de Economia y Finanzas Públicas (…) celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta USD1.000.000.000.- (Un Mil Millones 001 100 Dólares Estadounidenses) o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario”.
Esta nueva emisión se sumará a la ya contraída a través de los bonos soberanos emitidos este año, que sumados además a los emitidos en 2012 y 2013, llegará a los 3.000 millones de dólares.
Por la última emisión de bonos soberanos, de este año 2017, Bolivia paga un interés de 4,5% anual a sus acreedores. En marzo de 2017, fue sonada la noticia de que, por tercera vez, el gobierno emitió bonos soberanos y los vendió en la Bolsa de Nueva York.
De acuerdo a la información del prospecto de emisión, el dinero está destinado “al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social, 2016-2020, para la mejora al acceso de la salud pública a través de la construcción de hospitales de cuarto, tercer y segundo nivel”.
Esas obras (once hospitales), sin embargo, están apenas en licitación en su mayor parte. Ni siquiera estarían contratadas y menos aún en ejecución, hasta donde se tiene conocimiento. Esto significa que ese dinero aún no ha sido utilizado, al menos para invertirlo dentro de Bolivia, y por tanto está actualmente engrosando los montos de Reservas Internacionales Netas (RIN).
A su vez, como se sabe, el gobierno boliviano presta las RIN a países y bancos extranjeros, principalmente del mundo desarrollado. Si en 2018 se venden otros mil millones de dólares en bonos soberanos, es probable que corran el mismo destino.

Seguir financiando al “imperio”
El proyecto de PGE 2018 también reedita una polémica política del gobierno de Evo Morales: continuar con la vocación boliviana de financiar, con los recursos del Tesoro General del Estado (TGE) y del ahorro interno, a las principales potencias del mundo desarrollado, al “imperio”, como los denomina el propio presidente.
Y lo hace de manera enredada, casi oculta. En su disposición final Cuarta, inciso “i”, el proyecto de PGE 2018 determina que queda vigente para su aplicación, entre otros, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012. ¿Qué es lo que dice esa disposición adicional cuarta?
Textualmente: “Se modifica el Artículo 9 de la Ley N° 211 de 23 de diciembre de 2011, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera: I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), realizar inversiones de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) en el exterior, con el fin de generar ingresos que beneficien a la gestión de la Tesorería a través del Banco Central de Bolivia (BCB) u otra Entidad Financiera que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) determine, de acuerdo a las condiciones definidas entre el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público con el Banco Central de Bolivia (BCB), o la Entidad Financiera establecida para el efecto”.
Los criterios para definir el destino de los recursos del TGE son similares a los utilizados para las RIN: invertir en países o bancos que tengan una calificación de riesgo mayor o igual a A, algo que prácticamente es exclusivo de los países más desarrollados del mundo.
Estos criterios están contenidos en el Reglamento para la Administración de las Reservas Internacionales (mediante Resolución del Directorio N° 119/2014) del BCB, que en su artículo 15 inciso I, el citado reglamento establece que: “El país donde se efectúa las inversiones y el país de la casa matriz de las instituciones en las cuales se realizan las inversiones de las reservas monetarias o con las cuales se efectúa la intermediación, debe tener una calificación de riesgo crediticio soberano de largo plazo igual o mayor a A”.
Este reglamento es una continuación de la Ley N° 1670 del Banco Central (de 1995) -firmada por Gonzalo Sánchez de Lozada- gracias a la cual las RIN han sido ininterrumpidamente utilizadas para prestarlas a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón y otros países desarrollados, incluso hasta el día de hoy.
Para tener una idea de lo que implica como “beneficio” para Bolivia prestar sus RIN a estos países, el Informe de Administración de las Reservas Internacionales – Primer Semestre 2017, del BCB, detalla que “durante el primer semestre de 2017 la inversión de las reservas internacionales generó ingresos por USD 50,9 millones, equivalente a una tasa de retorno de 0,54%”.
En otras palabras, si hasta fin de año se mantiene esa tendencia se tendrá un rendimiento acumulado de apenas 1,1% en el mejor de los casos.
Al 30 de junio de 2017, el 38% de esas Reservas Internacionales se encontraban invertidas en Francia, el 14% en organismos supranacionales y 10% en Estados Unidos. Y “durante el segundo trimestre se incrementaron las inversiones en entidades supranacionales, Corea del Sur, Estados Unidos y Australia”, según el propio Informe del BCB.
Asimismo, el informe detalla que además se tienen porcentajes no menores en China, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá, Holanda, Suiza y Suecia.
En resumen, Bolivia se presta (mediante los bonos soberanos) pagando un interés del 4,5% anual, y utiliza esos mismos recursos para convertirlos en RIN y volverlas a prestar al “imperio” a una tasa de apenas 1,1% anual.
Ahora bien, las sucesivas leyes del PGE durante esta década, incluido este año 2017 y el proyecto para 2018, mediante la mencionada Disposición Final Cuarta, autorizan a que no sólo las RIN se vayan al norte, sino también la liquidez del TGE, corriendo los mismos destinos y generando rendimientos similares. ¿Dónde está el negocio para Bolivia?

Perspectivas de crecimiento
El proyecto de PGE proyecta un crecimiento del PIB del 4,7% para 2018. Sin embargo, sus datos discrepan con los de organismos internacionales que en la última década han alabado la política económica “pragmática” del gobierno, como el Banco Mundial.
Según las proyecciones del Banco, Bolivia crecerá en 2017 a una tasa de 3,7%, cifra que se repetirá en 2018 y que prevé caiga al 3,4% en 2019. Pese a ello, el Banco Mundial considera que Bolivia es el país que tiene los mejores indicadores económicos de la región, gracias a la política económica impulsada por el Gobierno de Evo Morales. Habrá que tomar los cumplidos como de quien vengan.
Por otra parte, el proyecto de PGE 2018 estableció un precio referencial de 45,5 dólares para el barril de petróleo frente a los 45,24 de esta gestión, en un momento en que el precio internacional está rondando los 60 dólares.
Esto sí da muestras de una “prudencia macroeconómica”, o como ha afirmado el Ministro de Economía, Mario Guillén, se trata de un PGE “austero” y cauteloso para evitar conflictos futuros.