Intereses económicos avizoran fracaso en gestión de créditos

Escrito por  JESÚS CARDOZO G. / EL PAÍS EN Dic 16, 2017

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) determinó este viernes 15 de diciembre postergar el tratamiento de los dos proyectos de ley que solicitó la Gobernación para autorizar créditos con la banca privada debido a que los miembros de la directiva determinaron pedir alternancia o declararse en trabajo de comisión impidiendo así la sesión.

Esta situación obligó a la presidenta de la ALDT, Sara Armella, a suspender la sesión que estaba prevista para las 09:00 de la mañana de este viernes hasta la próxima semana con el fin de lograr el quórum necesario en la directiva del ente legislativo departamental.
Los representantes de las instituciones de las provincias, como las autoridades municipales y departamentales lamentaron esta decisión y aseguran que existen muchos intereses políticos y económicos en torno a los créditos, que podría llevar al fracaso del préstamo esta gestión.
Sin embargo, la presidenta manifestó que la próxima semana convocarán nuevamente a los asambleístas departamentales de las cuatro fuerzas políticas a retomar el cuarto intermedio de la sesión, con la finalidad de aprobar las leyes de los créditos que solicitó la administración central por un monto de 171 millones de bolivianos de la banca privada.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDT y asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el municipio de Uriondo, Guillermo Vega, informó que la comisión determinó ratificar el informe modificatorio al que presentó el ejecutivo departamental por lo que ahora la aprobación o rechazo de las dos leyes están en manos del pleno del legislativo.
La autoridad provincial aclaró que la Comisión con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, procedió simplemente a asignar presupuesto a 14 proyectos concurrentes entre la Gobernación y los municipios afectando porcentajes mínimos a solo seis proyectos planteados por la administración central.
Asimismo, el asambleísta del MAS explicó que de los 33 proyectos planteados originalmente por la Gobernación 27 obras mantienen sus presupuestos y montos asignados por el Gobernador, solo seis sufrieron una modificación de presupuesto solo con el 12 por ciento.
Ante esta situación, el secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya, lamentó que la Comisión de Hacienda no haya considerado las observaciones de algunas autoridades provinciales y la propuesta original de la asignación de los recursos económicos del crédito a cada uno de los proyectos como planteo el ejecutivo departamental.
El funcionario público explicó que el primer proyecto de ley que solicitó el Gobernador a la ALDT es para acceder un crédito privado de 102 millones de bolivianos del banco Bisa, para activar 24 proyectos de inversión concurrentes con los municipios.
El segundo proyecto de ley es concretar a través del legislativo la autorización para acceder a un crédito de 68 millones de bolivianos del banco Unión, para pagar otros nueve proyectos de inversión también con las alcaldías de casi todo el departamento.

Instituciones de municipios en emergencia por créditos

Las instituciones y sectores sociales de la capital y provincias anunciaron que desde el lunes 18 de diciembre iniciarán movilizaciones contra la ALDT, para presionar la aprobación de las dos leyes de créditos que solicitó hace un par de semanas la Gobernación con el fin de acceder a un préstamo de 171 millones de bolivianos de la banca privada.
El dirigente del Comité Cívico del municipio de Entre Ríos, Eduardo Fernández, informó que las instituciones, transporte y otros sectores de las provincias determinaron iniciar una serie de protestas contra la Asamblea desde la próxima semana para que el legislativo pueda aprobar los créditos de la banca privada.
El dirigente aseguró que muchas instituciones, subgobernadores y municipios no están de acuerdo en que los asambleístas miembros de la Comisión de Hacienda, hayan procedido a la modificación de los proyectos y sus respectivos presupuestos, por lo que exigen que se respete el proyecto original que envió el ejecutivo a la Asamblea.