El Gobierno niega redistribución fiscal en plena crisis de ingresos

Escrito por  REDACCIÓN CENTRAL/EL PAÍS EN Jul 07, 2017

El entusiasmo con el que se abordó el debate por el Pacto Fiscal en 2016 se ha ido apagando conforme la fecha tope se ha ido modificando y atrasando. No existen los acuerdos mínimos para entrar con éxito a la negociación ampliada y definitiva y ninguna Gobernación está dispuesta a perder.

Tampoco los municipios. La mayoría del Gobierno y sus afines en la mesa de diálogo hace prever que no habrá la redistribución esperada.
El viceministro de Autonomías Hugo Siles, sin oficializarlo, le dijo a La Razón Digital en un receso del noveno Encuentro de la Comisión Técnica que se desarrolla en La Paz que avizora una demora en sus conclusiones. Además cerró de un portazo la demanda esencial que persiguen los departamentos y municipios y que no es otra que una redistribución de los ingresos por coparticipación tributaria: “Eso no está en discusión”.
“Ese es un tema que lo hemos aclarado en muchas oportunidades. El desarrollo del diálogo o concertación del Pacto Fiscal no es aterrizar y concentrarse en distribución o redistribución de recursos – dijo Siles - la lógica de repetir que el gobierno nacional y el nivel central del Estado manejan —entre comillas— el 75% de la coparticipación cuando el componente de ese porcentaje que aluden se refiere a Fuerzas Armadas, Policía, educación, salud y empresas públicas y eso no se puede redistribuir”.

Pedido
La discrepancia sobre la utilidad de la mesa de diálogo empieza a ponerse más en cuestión a medida que pasan los meses. Mientras el Gobierno ha puesto en la mesa de debate la creación de nuevos impuestos departamentales para aumentar los ingresos y el asunto recurrente de los recursos en Caja y Banco para argumentar una incapacidad en la ejecución, por lo que no se justificaría un mayor ingreso, los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija embanderan el pedido de modificar la redistribución de los ingresos por coparticipación y señalan que el ingreso por los nuevos impuestos que serían posibles de implementar, como la matriculación de avionetas y algunos referidos al medio ambiente son poco más que testimoniales y no se corresponden con las necesidades actuales de financiación.
El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, sostiene que la necesidad de redistribuir el ingreso por coparticipación, el único más o menos estable de los que se toman en cuenta para la confección de los presupuestos es una necesidad que contribuiría al desarrollo conjunto.
Actualmente de la coparticipación llega en un 75 por ciento al Gobierno nacional, el 20 por ciento a los municipios y el 5 por ciento a las universidades estatales. “La propuesta es que el Gobierno administre el 50%, los municipios 28%, las gobernaciones 15% y las universidades 7%”.
Eso sí, Ardaya considera necesario abrir la discusión por el tema de competencias. “Las tareas del desarrollo en Tarija todas están a cargo del Gobierno departamental. Cuando uno ve la inversión nacional en La Paz o Cochabamba o Santa Cruz es altísimo, en Tarija es bajísimo”.
Además plantea la posibilidad de recaudar cuatro impuestos que actualmente son cobrados por el nivel central para después transferirlos y que garantizarían ser más eficientes, evitando el fraude, y por tanto incrementando los ingresos.

Competencias sociales, en manos del Gobierno

La particular autonomía implementada en Bolivia permite que el nivel central del Estado siga administrando el personal de educación y salud, cuya gestión resulta más eficiente en proximidad, mientras que las gobernaciones se dedican a licitar y licitar.
A pesar de ello, la Gobernación de Tarija y los municipios pagan numerosos ítems y programas relacionados a la salud y la educación para mejorar el servicio brindado a los ciudadanos.