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Víctimas de octubre denuncian presunto
ardid de Suprema para favorecer a Goni
La Paz, 13
(ABI).- Las víctimas de la masacre del 2003, a través de su
abogado, Rogelio Mayta, denunciaron hoy que el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, favorece a
Gonzalo Sánchez de Lozada y a dos ex ministros, al disponer
que la notificación de la acusación se haga en Estados
Unidos, con el grave riesgo de la extinción del proceso.
Por este
fin, las víctimas, que son parte del Comité Impulsor del
Juicio de Responsabilidades, se declararon en emergencia y
vigilia sobre la reunión de la Sala Plena de la Corte
Suprema que debe analizar este jueves el pedido de que la
notificación se haga en Bolivia a los tres imputados a
través de sus abogados de oficio.
Como se
sabe, el ex presidente Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada, y
sus ministros José Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Joaquín
Berindoagüe y otros están imputados por los delitos de
genocidio, lesiones graves y otros causados en la dura
represión que cobró la vida de 65 personas y más de 400
heridos en octubre del 2003.
Explicó que
la determinación del presidente de la Corte Suprema no
corresponde porque Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y
Berindoagüe fueron declarados rebeldes y cada uno tiene en
el país defensor de oficio.
En ese
contexto, la notificación debe realizarse a los tres
imputados a través de sus defensores de oficio en Bolivia;
Elizabeth Margarita Vargas Castellano, Nelson Quinteros
Salamanca y Freddy Eusebio Méndez Medrano, dijo Mayta.
"La
notificación en Estados Unidos amenaza con extinguir el
juicio de responsabilidades", apuntó el abogado, al
justificar que se desconoce el paradero de los imputados
porque gozan de una protección del Gobierno de Estados
Unidos y por ello es imposible notificarlos personalmente a
estas personas.
Además que
la Policía Internacional (Interpol) desde hace más de un año
que no puede aprehenderlos a los imputados y cumplir con el
mandamiento emitido.
Comentó que
existe la amarga experiencia de llevar adelante este juicio
por más de cinco años, que desde el análisis jurídico es
imposible que Sánchez de Lozada sea notificado en Estados
Unidos.
Advirtió
que "si dejan pasar más tiempo, los imputados en el país que
no rehúsan a la justicia boliviana pueden pedir la extinción
de la acción penal o duración máxima del proceso".
Las
personas que podrían pedir la extinción del juicio son los
ex ministros de Sánchez de Lozada: Yerko Kukoc, Adalberto
Kuajara, Mirtha Quevedo, Guido Añez, Javier Torrez Goitia,
Hugo Carvajal, Erick Reyes Villa, Dante Pino y Jorge Torrez.
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